Cuando se estudian las causas del estrés diferencial entre hombres y mujeres siguiendo el modelo de Marianne Frankenhauser y Ulf Lundberg, la falta de apoyo social emerge como uno de los problemas que más cansancio produce en el sexo femenino, ya que en su papel de cuidadoras de familiares enfermos o que precisan ayuda de algún tipo, las mujeres se agotan en largas dobles jornadas o se ven obligadas a dejar sus trabajos remunerados, si eran precarios, para cuidar a sus familiares dependientes. Esta falta de apoyo social es más evidente en los países del sur de Europa, siendo Italia y España los países que hasta ahora menos recursos han dedicado a aliviar esta situación.

Pero la Ley para la Autonomía personal, denominada al principio Ley de la Dependencia, pretende iniciar el camino para equiparar la situación de atención al envejecimiento y a los problemas de dependencia a la de los países nórdicos, convirtiendo los derechos sociales en derechos universales. La ley contemplará que el usuario sólo aporte el 33% de los gastos de los servicios que precise, de forma casi universal y proporcional a la renta o al patrimonio en el caso de las más elevadas. La renta contemplada es la de la persona dependiente, y no la de su familia o parientes, por lo que acabará con la humillación y la tortura que para muchas personas suponía depender de las ayudas de los hijos, después de haber trabajado toda la vida o sentir que los años vividos con discapacidades, eran años que restaban calidad de vida a sus propias familias. La ley contemplará también prestaciones directas para las personas que opten por las opciones de cuidar ellas mismas a sus familiares. Este es un punto conflictivo porque las ayudas ofertadas son todavía escasas, pero se reconoce por primera vez con valor social y con remuneración las tareas del cuidado. Y se inicia el camino de los derechos universales de los servicios sociales.