Aunque la percepción del sufrimiento es subjetiva, a poco que no se sea ciego o sordo a lo que nos rodea, todas y todos hemos visto padecer a alguna persona cercana, hasta la muerte y todas y todos quisiéramos haber tenido algún medio para aliviarle un sufrimiento inútil.

El dilema de ayudar a las personas a morir en paz, sin dañarles y sin quitarles ningún minuto de vida digna consciente ha sido un dilema vivido y sufrido por los profesionales de la salud. En la medida en que los avances farmacológicos nos permitieron poder sedar para aliviar la angustia y el sufrimiento inútil, se han desarrollado protocolos y una nueva especialización, la de curas paliativas que han desarrollado una gran actividad en los servicios de urgencia y en la atención domiciliaria.

Los cuidados paliativos persiguen evitar el dolor y malestar físico y emocional de las mujeres y hombres que sufren enfermedades muy agresivas o terminales. Poner en duda la actuación de un médico coordinador de urgencias y cesarlo por el Consejero de Sanidad a partir de una denuncia anónima, como ha pasado en la comunidad de Madrid, nos parece un ejemplo de mala praxis política, por arbitraria y porque ha supuesto una crisis de confianza en el sistema sanitario público.

Creemos que toda actuación sanitaria en que el anonimato, la ocultación, la falta de diagnósticos correctos y el ejercicio del autoritarismo prevalecen por encima del diálogo y de las relaciones democráticas tiene un sesgo de género propiciado por una organización patriarcal, que hay que cambiar.

Nuestra solidaridad desde esta columna con el coordinador y todos los profesionales del Hospital Severo Ochoa de Leganés y con todos los profesionales de España que con su trabajo y dedicación continuada están aliviando el sufrimiento y ayudando a bien morir cuando ya no hay esperanza.