La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona ha ordenado el ingreso en la cárcel de dos médicos, condenados a dos años de prisión cada uno, por la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo de una mujer que había solicitado su ayuda al estar encinta, pese a llevar un DIU, de un marido que la maltrataba.

La despenalización parcial del aborto, vigente en España desde 1985, continúa llevando la realidad de muchas mujeres a los tribunales y resultando en condenas privativas de libertad para los profesionales que las ayudan.

Una y otra vez se abre el debate nunca cerrado sobre el aborto y surgen los mismos argumentos esgrimidos hasta la saciedad. En cambio, curiosamente, no se oyen ni las mismas ni otras voces alzarse con ímpetu semejante frente a la ley reguladora de reproducción asistida, vigente en España desde 1988.

Se indica que no puede despenalizarse el aborto porque la vida humana dependiente debe estar protegida legalmente, pero se consiente en el mayor de los mutismos que se obligue a los científicos que realizan fecundaciones �in vitro� a destruir los pre-embriones de más de catorce dias de maduración que no hubieran sido congelados, bajo amenaza de sanción.

Parece claro que en un conflicto de intereses entre la ciencia y el embrión, éste pierde fuerza, mientras que si la colisión es con la mujer, entonces prevalece.

Tal prevalencia resulta extraña, pues, obviamente sólo la mujer es persona y por tanto titular de derechos, por lo que debería tener un lugar de mayor consideración frente a otros bienes que, aún siendo protegibles, no tienen la misma naturaleza.

Con la situación legal actual, van a prisión los médicos que asisten a una demanda razonable, actúan impunemente los que lo hacen en nombre de la ciencia e ingresan en la cárcel los primeros, aunque con la misma condena cualquier otra persona evite tal medida a través de la libertad condicional. No parece razonable.